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Manuel Colom Argueta

Manuel Colom Argueta, 34 aniversario de su asesinato

Programa general 2010

Programa general

 

  1. Biografía en Wikipedia de Manuel Colom (Inglés)Manuel Alberto Colom Argueta
  2. Biografía por Manuel Rodolfo Colom (Italiano)
  3. Violencia en Guatemala, 1960-1996: una Reflexion Cuantitativa
  4. En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala 1944 a 1996
  5. Guatemala Memoria del Silencio: Caso Illustrativo 65
    1. Antecedentes
    2. La ejecución de Alberto Fuentes Mohr
    1. La ejecución de Manuel Colom Argueta
    2. Después
    3. Conclusiones

    Listado de víctimas

  6. Galería fotográfica en HTML Nuevo
  7. Galería fotográfica en Power Point (30.8 Megabytes)

Violencia en Guatemala, 1960-1996: una Reflexion Cuantitativa

Capítulo 3: Los setenta

En noviembre de 1970, poco después de asumir la Presidencia, el coronel Arana suspendió las garantías constitucionales, declarando un estado de sitio que llegó a perdurar hasta febrero de 1972. En el área rural, dicho estado permitió que la autoridad fuera transferida de civiles electos por el pueblo a comisionados militares nombrados por el Ejército. Esto subvirtió a la autoridad civil y contribuyó a que las tensiones políticas llegasen a brotar en muchas comunidades durante la década siguiente (Brintnall 1979: 160).

Arana aprovechó una serie de secuestros de la insurgencia como pretexto para declarar el estado de sitio. Otra de sus preocupaciones fue la organización legal en contra de las políticas de su gobierno, en especial el movimiento que surgió para bloquear un contrato multimillonario con la empresa EXMIBAL, subsidiaria de una compañía canadiense minera que pretendía explotar las reservas de níquel del país. Varios intelectuales y políticos de la oposición consideraban el contrato como un negocio turbio destinado a regalar las reservas minerales y una muestra de que la elite político-militar pretendía ejercer, en un grado sin precedente, su control del gobierno.

Para acallar las protestas, Arana empleó la detención masiva y suspendió el derecho de la libre asociación. Al no cesar éstas, el Ejército ocupó la Universidad de San Carlos, el centro de oposición al negocio. Pocas horas después del fin de la ocupación, un escuadrón de la muerte asesinó al profesor en Derecho Julio Camey Herrera. Con este acto, el Estado inició un ataque sistemático en contra de ilustres intelectuales universitarios que cuestionaron el contrato. Entre las víctimas se cuenta al profesor en Derecho y diputado al Congreso, Adolfo Mijangos López, quien fue asesinado en su silla de ruedas en una transitada calle del centro capitalino (Fuentes Mohr 1971: 202-203; Toriello Garrido 1979).

Bajo el estado de sitio, el nivel de violencia política creció a estadios similares a los del período de 1966 a 1968.6 El sociólogo guatemalteco Gabriel Aguilera Peralta, autor de un estudio de la violencia en los sesenta y setenta, escribió que esta nueva oleada de terror estatal fue limitada por la presencia del Frente Nacional Contra la Violencia, un movimiento de masas que luchó a favor de los derechos humanos y por la vigencia del Estado de derecho. El Frente agrupó a partidos políticos de oposición, organizaciones religiosas, grupos sindicales y representantes de las universidades privadas. Fue encabezado por estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos, cuya autonomía constitucional le permitía resistir al gobierno, a pesar de una historia de violencia en contra de sus miembros y repetidas ocupaciones militares de sus instalaciones (Aguilera e Imery 1981: 133; CIIDH y GAM 1999).

El estado de sitio concluyó a finales de 1972. En septiembre de ese año el gobierno consiguió detener a la dirección política del proscrito PGT. Después de torturar a los capturados, se cree que sus cuerpos fueron arrojados, desde un avión, al océano Pacífico (Menton, Goodson y Jonas 1973; Alvarado 1975). Con la disminución de actos de la oposición armada, los militares tuvieron más confianza en su control y permitieron una pequeña apertura política. A pesar de un período de crecimiento económico sostenido, en los años setenta el gobierno no buscó aliviar la extrema desigualdad, pobreza y exclusión política, lo que hizo atractivo un cambio revolucionario (Jonas 1991).

Como se ve en la figura 3.1, los asesinatos paramilitares continuaron en 1973 y 1974, los últimos dos años del régimen de Arana, aunque en menor escala comparado con la primera mitad de su gobierno. En 1974, el ministro de la Defensa de Arana, general Kjell Eugenio Laugerud García, ganó la Presidencia en otra elección fraudulenta. El triunfo electoral correspondía al general José Efraín Ríos Montt, candidato de la Democracia Cristiana, quien años después también sería señalado por los excesos del terror estatal.

Figura 3.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1970 a 1979

Total asesinatos y desapariciones por año de 1970 a 1979

Por su falta de legitimidad política, Laugerud fue obligado a iniciar su gobierno no con una oleada de represión, práctica común en Guatemala (capítulo 12), sino con un programa de reformas para disminuir el apoyo de la oposición. Permitió un grado de organización sindical y popular, no visto desde antes de "la Liberación" de 1954, al extremo de que algunos conflictos laborales fueron resueltos por medio de la negociación sin que se usara la violencia en contra de los dirigentes sindicales, como normalmente se hacía desde 1954 (Levenson-Estrada 1994: 105).

Esta apertura estuvo asociada a un bajo nivel de violencia estatal, como se ve en la figura 3.1. Permitió a la oposición construir una organización fuerte, aunque no siempre unida, concentrada en la ciudad. El PGT siguió operando en la clandestinidad y actuando como una organización revolucionaria. Sin embargo, existían tendencias en su interior que planteaban la legalización del Partido y el acceso al poder por la vía electoral (CIIDH y GAM 1999).

El movimiento de masas creció y tomó mayor conciencia, por lo que sus exigencias fueron más fuertes. En la coyuntura del terremoto que asoló al país en febrero de 1976, en las labores de asistencia y reconstrucción, sindicalistas y estudiantes que conformaron brigadas se pusieron en contacto con los damnificados, tanto pobladores de los barrios urbanos como campesinos de las regiones más afectadas, logrando que las demandas sociales se difundieran ampliamente. Y en 1977, en un tiempo de fuerte crecimiento económico, más trabajadores se fueron a la huelga que en cualquier otro año en la historia de Guatemala.

El año 1977 terminó con "La gloriosa marcha de los mineros de Ixtahuacán", una manifestación laboral que se originó en un aislado pueblo mam de Huehuetenango y atrajo a miles de simpatizantes en su camino a la capital. La marcha representó, para muchos, la posible unión de la ciudad y el campo—y de indígenas y ladinos—en la lucha contra un gobierno impopular. Las fuerzas del Estado también notaron la importancia del movimiento: tres estudiantes universitarios de Huehuetenango, sindicalistas que trabajaban con los mineros, fueron asesinados o desaparecidos en 1978 (Amnesty International 1979: 8; Levenson-Estrada 1994: 127-29; CIIDH y GAM 1999).

Esta violencia formó parte de una campaña intensiva de asesinatos selectivos en contra de laboristas y otros militantes. Tan sólo en agosto de 1977, Amnistía Internacional registró 61 homicidios que aparentaban ser obra de los grupos paramilitares. La mayoría de las víctimas eran campesinos, obreros y pobladores de los barrios pobres urbanos (Amnesty International 1978: 123).

Sin embargo, la militancia popular no se detuvo y creció a lo largo de 1978. El conflicto entre el gobierno y la oposición se agudizó cuando el general Romeo Lucas García tomó la Presidencia en julio, para luego liberar los precios de los productos de la canasta básica. Los acontecimientos condujeron, en la ciudad, a la huelga del transporte, de agosto a octubre de 1978. Un amplio movimiento urbano paralizó la ciudad, exigiendo la anulación del aumento en la tarifa del transporte urbano de cinco a diez centavos (en 1978 el quetzal tenía paridad con el dólar estadounidense). Pero el movimiento no limitó sus metas a asuntos económicos inmediatos. Los plantamientos de los manifestantes, tanto en su grafitti como en los discursos de los líderes, mencionaron cada vez más la "revolución", aunque su significado era aún difícil de precisar (Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Populares 1979; Levenson-Estrada 1994).

Después de semanas de conflicto en las calles, el gobierno se rindió y la tarifa volvió a ser de cinco centavos. Mientras el movimiento popular celebraba la victoria, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA)—uno de los principales grupos paramilitares vinculados al gobierno que aterrorizaron la ciudad, desde finales de los setenta—publicó una lista que sentenció a muerte a 38 personas, la mayoría de ellos personajes de la oposición. La primera víctima fue el dinámico secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, quien murió ametrallado momentos después de pronunciar un discurso en el Parque Centenario, durante la celebración del 34 aniversario de la Revolución de Octubre. Aunque decenas de policías presenciaron el ataque, no hicieron nada para detener a los asesinos (Aguilera e Imery 1981: 137; CIIDH y GAM 1999).

La muerte de Castañeda ilustra el terror estatal durante los primeros años del gobierno de Lucas García: un asesinato selectivo cometido por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, realizado a plena luz del día y en un lugar muy transitado y para el cual el gobierno negaría su responsabilidad. Sin embargo, el mensaje fue claro: el gobierno silenciaría a cualquiera que hablara en su contra y lo haría con total impunidad.

Luego sucedió una serie de asesinatos de personas clave en la bien organizada oposición política. Varias de las víctimas habían sido mencionadas en la lista del ESA en octubre de 1978. Entre los mártires de 1979 se incluyen dirigentes políticos como Alberto Fuentes Mohr (líder del Partido Socialista Democrático) y Manuel Colom Argueta (ex alcalde de la ciudad y pre-candidato a la Presidencia de la Republica por el Frente Unido de la Revolución, FUR). En el caso de Colom Argueta, los asesinos hicieron uso de un helicóptero para perseguir a su víctima en la zona 9, de la capital, lo que dejó sin duda la participación de las fuerzas de seguridad (caso ca0000182).

Retrospectivamente, Lucas García parecía decidido a no permitir que en Guatemala sucediera lo mismo que en Nicaragua, donde un amplio movimiento popular en la ciudad se alió con una insurgencia incrustada en el campo para derribar el gobierno somocista.

De hecho, el movimiento insurgente en Guatemala, tras un tiempo de poca actividad, se había restablecido en las áreas rurales. Esta vez los guerrilleros evitaron el oriente del país, una región desilusionada con la rebelión luego de experimentar la contrainsurgencia en los sesenta. Entonces, la guerrilla debió afincar sus bases de operaciones en las montañas y comunidades mayas del altiplano occidental.

Al inicio de los setenta, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) empezó su trabajo organizativo en la selva del norte de Quiché. Poco tiempo después, la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), inició operaciones en la boca costa de San Marcos.

A mediados de los setenta, el occidente del país recibió la primera señal de la fuerte represión que estaba por llegar. El Ejército y los grupos paramilitares desaparecieron o asesinaron en forma selectiva a muchos líderes comunitarios o colaboradores de la guerrilla, especialmente donde operaba el EGP: primero, en 1975, en las aisladas cooperativas de productores en la selva del Ixcán (Falla 1992); luego, durante el resto de la década, en la región ixil, cercana al sur del Ixcán (Davis 1988; Stoll 1993). Esta violencia se refleja en el crecimiento de la figura 3.1 en los últimos años de los setenta.

Pero también había una nueva organización popular en el Occidente, el Comité de Unidad Campesina (CUC), un grupo multiétnico que salió a la luz pública en 1978 con la consigna "Cabeza clara, corazón solidario, puño combativo". En los primeros días de 1980, el CUC llevó la noticia de esta represión a la ciudad capital. Así empieza la década de terror estatal extremo en la historia de Guatemala, los años ochenta.

En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala 1944 a 1996

8. 1978 El auge del movimiento

En 1978 la Universidad de San Carlos se convirtió en uno de los sectores de más peso político, llegándose a expresar, de forma muy abierta, en contra del mismo Estado. Ese año el movimiento estudiantil, el profesorado y el Consejo Superior Universitario (integrado por los decanos, dirigentes estudiantiles y representantes de los colegios de profesionales) se unieron en contra del gobierno y en favor de la democracia. Aunque la mayoría de sus miembros provenían de las clases medias de la población, la San Carlos llegó a ser dominada por una corriente de pensamiento que argumentaba que los intelectuales debían estar junto con el pueblo en sus luchas (entrevistas).

Con el fin de ampliar sus contactos con las clases populares, la AEU rehabilitó la Casa del Estudiante en el Callejón Del Fino, 10a. avenida "A" y 5a. calle en el centro de la ciudad. Allí los estudiantes de diferentes facultades ofrecieron sus servicios a precios accesibles para la gran mayoría. En el lugar funcionaban una clínica médica y una dental, así como el Bufete Popular de la AEU. Recibieron y apoyaron a familiares de los desaparecidos y a los pobladores ya concientizados políticamente. Organizaron grupos de trabajadores como los lustradores, voceadores de la prensa y las inquilinas de los mercados. La Casa del Estudiante fue un centro muy activo y reconocido como un lugar en donde los guatemaltecos de escasos recursos podían solucionar problemas. "Si necesitás ayuda, vas a la `U'", solía decirse en aquel tiempo. Pero esta fama atrajo consigo la atención del gobierno, que al percatarse de las actividades sociales de los estudiantes, empezó a controlar la Casa (entrevistas).

Estos cambios no eran casuales. Eran el resultado del trabajo del FRENTE, un nuevo grupo político estudiantil. En 1976, FRENTE se presentó por primera vez a las elecciones estudiantiles, arrasando casi por completo con todos los puestos de elección estudiantiles. De hecho, mantuvo el control de la AEU hasta 1985.

Los dirigentes de FRENTE eran en su mayoría miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), el ala juvenil del clandestino PGT, el partido comunista. A diferencia de otras organizaciones estudiantiles de pensamiento más confrontativo, muchos dirigentes de FRENTE (y una fracción del PGT en ese momento) confiaban en el movimiento de masas para alcanzar el poder por la vía electoral. Lucharon para ganar espacios democráticos y a favor de los derechos humanos y de los inscritos en la Constitución, cuando otros grupos calificaban dicha demanda como una lucha burguesa.

Bajo su control, la Asociación de Estudiantes Universitarios y las asociaciones de diversas facultades redoblaron sus esfuerzos para construir un frente amplio con otros sectores de la sociedad (entrevistas).

Después de esa victoria estudiantil, FRENTE, usando su poder dentro de las asociaciones estudiantiles, inició una campaña política con vistas a las elecciones generales universitarias en 1978. Esta vez, el grupo estudiantil fincaba sus esperanzas en ganar la rectoría y las decanaturas, además de las organizaciones estudiantiles. FRENTE, aliado a los catedráticos de la izquierda agrupados en Vanguardia Universitaria, movilizó a todos los sectores de la casa de estudios en su favor. De tal cuenta, ganaron la secretaría general de la AEU con el estudiante de Ciencias Económicas Oliverio Castañeda de León y la rectoría con Saúl Osorio Paz, un catedrático de esa misma facultad. Además, sindicalistas relacionados al PGT y al FRENTE lograron tomar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUSC).

Saúl Osorio, después de su victoria con el FRENTE, se mostró dispuesto a dar espacio y apoyo al movimiento estudiantil. En lugar de existir conflictos entre la administración y los estudiantes, como suele suceder en otras casas de estudios, las diferentes representaciones se aliaron para construir una universidad de mayor proyección social y de políticas progresistas.

La oposición para el FRENTE provenía de la izquierda radical, representada en ese entonces por el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), una nueva agrupación que había salido a la luz, por primera vez, durante la marcha del Primero de Mayo de 1978. El FERG en cierta forma era el heredero ideológico de organizaciones como PODER (Participación Organizada de Estudiantes Revolucionarios) que dominó la política estudiantil a principios de los años 70. El Frente Robin García coordinó a varios grupos estudiantiles en las diferentes facultades de la San Carlos y en los institutos del Estado. De cierta forma, esta coordinación entre grupos legales provenía del Ejército Guerrillero de los Pobres. Como en otros sectores del movimiento social, gente "orgánica" del EGP trabajaba en el movimiento estudiantil como parte de sus tareas de organización clandestina (entrevistas).

Para el FERG, lo revolucionario era fundamental, y en ese momento la revolución planteaba como meta la construcción del socialismo. Este, aunque no fue propiamente un grupo armado, buscaba la confrontación con el Estado, siendo así considerado por sus miembros como de choque. El FERG dio preeminencia a las medidas de hecho que podían llegar a la violencia de masas y a la actividad paramilitar. A sus miembros no les interesaba trabajar dentro de un marco institucional y nunca pidieron permiso para sus manifestaciones o acciones. "En esa época", recuerdan ex miembros del Frente Robin García, "nos repetíamos antes de cada acción: `la cosa no va a ser suave, sino de cachimbazos'" (entrevistas).

Durante el período de Saúl Osorio existió entre FERG y FRENTE una pugna muy marcada, la cual se expresó en desconfianzas mutuas que llegaron en ocasiones a los enfrentamientos físicos entre sus miembros. FRENTE llegó a controlar la AEU y usó su posición para presentarse como la "izquierda democrática" y voz oficial del sector estudiantil. En reuniones del CNUS (Central Nacional de Unidad Sindical), por ejemplo, no quisieron permitir la presencia de FERG a pesar de su importancia. FERG, por su parte, se distinguía por responder con medidas de hecho, incluso interrumpiendo actividades electorales cuando parecía que FRENTE iba a ganar (Siete Días en la USAC: 18 junio 1979). Sin embargo, en términos generales ambos grupos compartían los fines de rectoría: promover cambios sociales en el país. Las diferencias entre éstos se marcaban en sus métodos y su cronograma político (entrevistas).

Por unos meses, la San Carlos fue una universidad unida y progresista, preparándose para confrontar al Estado. El Consejo Superior Universitario se convirtió en un importante defensor de las luchas del pueblo.

Al iniciar su período, Saúl Osorio fundó el semanario Siete Días en la USAC que, como cualquier órgano oficial, informaba sobre las actividades y trabajos administrativos de la Universidad. No obstante, Siete Días era el único periódico en Guatemala identificado con la oposición, logrando así llenar un vacío en el periodismo guatemalteco, cada vez más amedrentado y silencioso. Entre 1978 y 1981 Siete Días denunció constantemente la violación a los derechos humanos, en especial la represión contra el movimiento popular, además de hacer públicas las luchas sindicales y los movimientos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador. Se diferenció de otros por dedicar amplios espacios a estudios sobre los problemas nacionales y criticar las políticas tanto del gobierno como de las instituciones financieras internacionales.

Fuera de la Universidad la represión estaba generalizándose. El 7 de marzo de 1978, de manera fraudulenta fue electo Presidente de la República el general Fernando Romeo Lucas García, quien fungía como ministro de la Defensa. Con la llegada de este militar, el gobierno volvió a las prácticas del período de Arana Osorio, cuando el régimen actuaba conducido por la lógica contrainsurgente, pero a una escala que nunca se había visto antes.

Al igual que durante otros cambios de gobierno, semanas antes de la toma de poder de Lucas, las fuerzas de seguridad desataron una serie de ataques contra las expresiones de oposición.10 El 29 de mayo de 1978 en la plaza central de Panzós, Alta Verapaz, elementos de la Zona Militar en Zacapa atacaron una manifestación pacífica, matando a más de un centenar de personas. Los masacrados, todos campesinos del lugar, estaban luchando por la legalización de las tierras baldías que ellos habían ocupado desde años atrás. Su lucha los enfrentó directamente con los inversionistas que querían explotar la riqueza mineral del área, en particular las reservas de petróleo y de níquel (International Work Group for Indigenous Affairs 1978).

La masacre causó una gran conmoción en la Universidad, no sólo por el alto número de víctimas, sino también por haber surgido de conflictos sobre la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras. Siete años después de los asesinatos de los catedráticos universitarios que denunciaron el contrato del gobierno con la transnacional EXMIBAL, el asunto minero siguió siendo una de las principales preocupaciones de las fuerzas progresistas de la Universidad, y a su vez, la causa de represión estatal. En 1978 por ejemplo, Saúl Osorio y otros universitarios recibieron amenazas por su abierta oposición a la construcción de un oleoducto interoceánico que cruzaría el país para facilitar la explotación petrolera (Siete Días en la USAC: fuentes varias, 1978)

El 8 de junio, en el primer aniversario del asesinato de Mario López Larrave, la AEU, junto al CNUS, organizó una protesta masiva en el centro de la ciudad, en la cual los oradores denunciaron la masacre en Panzós y expresaron su repudio hacia el régimen militar en términos más contundentes que en otras ocasiones. El campo de batalla estaba desarrollándose.

En julio, Lucas García asumió la Presidencia y luego liberó los precios de la canasta básica, lo que de inmediato le ganó el rechazo popular. Al principio las protestas fueron limitadas. Pero un nuevo aumento a la tarifa del transporte urbano colmó la paciencia de los ciudadanos. Las protestas y el rechazo al Presidente llegaron a dominar el terreno de la lucha social.

Este mismo mes, los choferes de los buses públicos hicieron una serie de paros y luego se fueron a la huelga. Como medida para evitar ser obligados a circular, los conductores decidieron llevar sus unidades a la Universidad de San Carlos, que por su autonomía, era el único lugar fuera de la jurisdicción del Estado en el que podían estar. La nuevamente instalada Ciudad Universitaria servía como un amplio territorio libre para la oposición política.

Para ese entonces, escribe la historiadora Deborah Levenson-Estrada, actuaban diferentes sectores vinculados a organizaciones revolucionarias en la Universidad, y se abrió un debate en cuanto a la acción de los choferes. A los elementos organizados con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) les convenían confrontaciones con el Estado, y estuvieron dispuestos a que los buses se estacionaran en el campus. Por aparte, los del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), establecidos en la rectoría, temieron que la presencia de los buses provocara un allanamiento por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, el rector decidió recibir a los huelguistas y de esa forma empezaron tres meses de interrupciones en el servicio urbano, y la Universidad cada vez más identificada con la oposición al gobierno (Levenson-Estrada 1994: 146).

El 4 de agosto se realizó la primera gran manifestación durante el período de Lucas García. Universitarios y estudiantes de nivel medio acompañaron a los demás sectores del movimiento popular en la conmemoración del primer aniversario de las muertes de Robin García y Aníbal Caballeros.11 El nuevo Ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, declaró que si no existía permiso gubernamental, cualquier manifestación sería reprimida (durante el gobierno de Laugerud, los estudiantes se acostumbraron a hacer manifestaciones sin pedir permiso alguno). El CNUS decidió no pedirlo, al considerar que hacerlo sería un retroceso para un movimiento que "ya había ganado las calles" (entrevistas).

Al inicio de la marcha, el llamado "Pelotón Modelo" de la Policía Nacional, con un nuevo equipo antimotines dotado por el gobierno de Estados Unidos, rodeó a los manifestantes y les lanzó bombas lacrimógenas, por lo que los estudiantes se vieron forzados a refugiarse en el Paraninfo Universitario. Las tácticas del gobierno fueron brutales: de los más de 200 manifestantes que recibieron el auxilio de la Cruz Roja, 31 tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. De esta forma, las manifestaciones pacíficas empezaban a ser cosa del pasado (Amnesty International 1979b: 7; entrevistas).

La masacre de Panzós y la represión de las protestas urbanas llevó a los dirigentes universitarios del FRENTE en la AEU a asumir una actitud más beligerante. Esto, además, se debió a la presencia de grupos más radicales, como el FERG, que estaban tomando la iniciativa en las jornadas. Por sus actos audaces y su abierto desdén por el Estado, el apoyo urbano al FERG y otros grupos aliados al EGP crecía, el FRENTE también principió a apoyar las medidas de hecho (Levenson-Estrada 1994: 132-34; entrevistas).

A pesar de la gran movilización popular, a finales de septiembre de 1978 el Consejo Municipal de la ciudad de Guatemala aprobó una alza en la tarifa del transporte urbano de cinco a diez centavos, para "motivar" a las empresas a aumentar el salario de sus empleados y así solucionar el conflicto laboral. La AEU y el Consejo Superior de la Universidad condenaron el plan del gobierno como un ataque contra los usuarios, en su mayoría personas de escasos recursos.

El viernes 30 de septiembre, día que la nueva tarifa entró en vigencia, jóvenes de diversos barrios populares, como La Carolingia, El Gallito y La Parroquia, reanudaron su histórica protesta al construir barricadas en las principales calles (todos eran sitios importantes en las jornadas de marzo de 1962). El fin de semana siguiente, durante una asamblea general en el CNUS, los grupos del movimiento popular declararon una huelga general para contrarrestar la imposición del aumento. Los empleados estatales paralizaron sus labores y ocuparon sus lugares de trabajo, mientras que los institutos de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por estudiantes que se enfrentaron a la policía (Levenson-Estrada 1994: 148-50).

Los líderes del movimiento popular debatieron las posibles consecuencias por las acciones tomadas y optaron entre ser más beligerantes o replegarse frente a la posibilidad de una movilización del ejército, que pudiera terminar en una matanza general. Pero en realidad, el descontento popular era tan grande que la manifestación pronto cobró tal fuerza que a los dirigentes les era difícil controlarla.

Las protestas se volvieron violentas cuando el gobierno intentó retomar las calles de la capital y los edificios del Estado. En los enfrentamientos los manifestantes utilizaron piedras y cócteles Molotov. Se replegaron cuando la policía y su Pelotón Modelo lanzaba bombas lacrimógenas y golpeaba a los que se quedaban atrás (Jonas 1991: 124).

Pero las protestas finalizaron hasta que se alcanzó el objetivo más importante del momento. El viernes 7 de octubre el Consejo Municipal restauró la tarifa de cinco centavos. Los manifestantes habían logrado su demanda principal, venciendo al gobierno militar a través de la movilización popular, eso sí, a costa de que durante las jornadas el número de muertes fue estimado en cerca de 40 (Levenson-Estrada 1994) a 106 (Cuevas del Cid 1980).

A pesar de la tragedia, el 12 de octubre los activistas de la AEU hicieron una fiesta para celebrar la victoria. Ese día también era cumpleaños del secretario general, Oliverio Castañeda, bajo cuyo liderazgo la asociación estudiantil había adquirido la mayor proyección política de sus 58 años de existencia. La AEU movilizó a los estudiantes para acuerpar las protestas, condujo las manifestaciones y publicó varios campos pagados que constituían unas de las más duras y astutas críticas al gobierno (véase a Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Populares 1978).

La importancia de la movilización de octubre había ido más allá de la cuestión del transporte. En sus lemas y pintas los manifestantes enunciaron una posición revolucionaria, alentados por el sentido de poder popular que estaban expresando. Estaban inspirados además por una insurrección similar que se estaba llevando a cabo en esos mismos días en Nicaragua, y por la misma historia de lucha en Guatemala. Las jornadas de 1944 y 1962, por ejemplo, de igual forma fueron dirigidas en las calles por jóvenes estudiantes y pobladores.

El gobierno de Lucas García estaba en crisis. Existía un amplio movimiento antigubernamental en la capital, cuya confianza iba en crecimiento. Además, había coordinación con elementos de oposición en el campo.12 Al mismo tiempo, en Nicaragua el movimiento urbano de masas estaba uniéndose con el Frente Sandinista. Lucas podía ver la inminente posibilidad que los rebeldes guatemaltecos también aprovecharan la movilización popular en la ciudad. Entonces, mientras que el Estado cedió en el asunto del transporte urbano, estaba estructurando una estrategia para poder detener el avance de la oposición.

Como se verá más adelante, la oleada de terror estatal tenía como fin destruir esa articulación. Hasta entonces la mayoría de víctimas de la represión habían sido obreros, campesinos y pobladores (así como supuestos delincuentes). A partir de octubre 1978 el Estado y la extrema derecha señalaron a los grupos politizados de la pequeña burguesía, entre ellos a los estudiantes e intelectuales de la Universidad, de los que consideraban que pudiera salir el liderazgo político de la oposición (Amnesty International 1979; Levenson-Estrada 1994: 152-53).

Por ejemplo, pocos días después del fin de las protestas, el profesor universitario y dirigente de la Democracia Cristiana René de León Schlotter sufrió un atentado a tiros en el que resultó muerto su chofer. El martes 17 de octubre, Santiago López Aguilar, director de la Escuela de Orientación Sindical, sobrevivió a un nuevo atentado, realizado por hombres armados. Los dos profesores de Derecho eran importantes elementos en la conexión entre la Universidad y el movimiento sindical, y en el caso de De León Schlotter con los partidos políticos de oposición (Nuevo Diario: 23 octubre 1978).

Si las fuerzas regulares del Estado no podían neutralizar abiertamente el movimiento de masas, lo haría la otra cara de la represión, los escuadrones de la muerte. El 18 de octubre, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), un grupo terrorista supuestamente vinculado a la oficina del director de la Policía Nacional, coronel German Chupina Barahona (Dunkerley 1988: 472), publicó una lista negra en la cual amenazó de muerte a 38 personajes clave del movimiento popular. Entre ellos estaban varios universitarios, incluyendo el rector, varios decanos y el secretario general de la AEU, Oliverio Castañeda de León (Black 1984: 45; McClintock 1985: 141).

Oliverio Castañeda, al saberse máximo enemigo del Estado, optó por abandonar la casa de sus padres. A pesar de las constantes amenazas en su contra, el viernes 20 de octubre de 1978, se presentó en el Parque Centenario para dar el discurso de la AEU en ocasión del aniversario de la Revolución de Octubre de 1944. En su esencia, dicha manifestación estuvo dirigida a repudiar el terror estatal.

Oliverio señaló al ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, como responsable de la nueva oleada de terror y cerró su discurso con una consigna visionaria: "Podrán matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución".

Según Rebeca Alonso, dirigente de la AEU, al terminar el acto un grupo de miembros de la AEU caminaba sobre la 6a. avenida hacia la cervecería "El Portal". En ese momento cuatro vehículos convergieron en el cruce de esa avenida y 8a. calle. Oliverio fue alcanzado por las balas de los ocupantes de uno de los vehículos, y cuando intentó regresar a la avenida los ocupantes de otro vehículo, que portaba placas oficiales, nuevamente abrieron fuego, alcanzándolo sobre la acera e hiriendo a cinco personas más. Descendió un tripulante del vehículo, acertándole un tiro de gracia. Oliverio murió en la entrada del Pasaje Rubio, rodeado por sus compañeros (entrevistas).

El hecho solamente podía haber sido ejecutado por las fuerzas del Estado. Varios agentes de la policía vieron el asesinato impasiblemente desde la plaza, sin hacer nada para perseguir a los asesinos. Según testigos oculares, entre ellos se encontraba el director de la Policía Nacional, German Chupina Barahona, quien aparentemente coordinó la emboscada. Esta operación, al mediodía y en pleno centro de la ciudad, demostró la impunidad de los asesinos y el abierto desafío lanzado contra el movimiento popular durante un tradicional día de protestas (Aguilera Peralta 1981: 137; entrevistas).

Oliverio Castañeda de León, uno de los más conocidos dirigentes estudiantiles de la Universidad, no era de ningún barrio popular. Tampoco estudió en institutos públicos, como la mayoría de los dirigentes estudiantiles, sino en el Colegio Americano de Guatemala. Su padre no era un obrero, sino un conocido médico. Con su muerte, Oliverio representó a los universitarios de la clase media que participaron y arriesgaron sus vidas en las luchas a favor de los intereses populares. Además, y eso el tiempo lo demostraría, Castañeda de León no sería el único mártir universitario de tal extracción social.

A tan sólo quince días del asesinato de Oliverio Castañeda, fue desaparecido su sucesor, Antonio Ciani García. Al parecer, el gobierno había tomado como un reto la consigna de Oliverio, Podrán matar a nuestros dirigentes... Por su participación en las movilizaciones de 1978, la AEU se había convertido en el primer blanco de una campaña de terror estatal diseñada para desarticular al movimiento de masas.

En los siguientes 18 meses recibieron amenazas casi todos los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios con vinculaciones políticas (incluso con los partidos legales). A veces la amenaza fue de forma muy sutil e indirecta, transmitida por un conocido, mientras que otras personas fueron abiertamente presionados para salir del país. Esta se convirtió en la forma más simple y eficiente de desarticular el movimiento. Para quienes no hicieron caso y continuaron con sus actividades de protesta, el terrorismo del Estado les destinó a los escuadrones de la muerte.

Al iniciarse el año 1979, los "hombres armados, vestidos de civil" aumentaron su campaña contra la intelectualidad del país, atacando a prestigiosos miembros de la Universidad, de la prensa, abogados, médicos, y dirigentes políticos de la oposición. El 25 de enero de 1979 fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, doctor en Ciencias Económicas, diputado del Congreso y dirigente del Partido Socialista Democrático (PSD). Ese mismo día, a pocas horas, fue acribillado el dirigente estudiantil y sindical Ricardo Martínez Solórzano. El 14 de febrero fue asesinado Manuel Lisandro Andrade Roca, secretario general de la Universidad en el período de Saúl Osorio Paz (y dirigente estudiantil durante las jornadas de 1962). El 22 de marzo fue muerto el ex alcalde de la capital Manuel Colom Argueta, en un operativo en que sus asesinos emplearon un helicóptero para "cazarlo" (Aguilera Peralta y Romero Imery 1981: 137).

Colom había sido director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad (CEUR) y dirigente político del Frente Unido de la Revolución (FUR). Junto a Fuentes Mohr fueron los más destacados miembros de la oposición política legal. Sus muertes cerraron, aún más, el espacio político guatemalteco. Estos asesinatos y amenazas en contra de dirigentes del FUR y el PSD continuaron en 1979 y 1980, y en años posteriores en contra de la Democracia Cristiana. Con esta intensificación del terror, el gobierno señalaba la decisión de no tolerar ninguna especie de oposición organizada, incluso en el corrompido sistema de partidos políticos.

El efecto al interior de la izquierda fue que la lucha armada ganaba más adeptos. Hasta 1979 el Comité Central del clandestino PGT había considerado que el FUR podría convertirse en el instrumento para participar legalmente en el proceso electoral y buscar el poder de esa forma. Ya para esa época, el PGT y demás organizaciones clandestinas intensificaron sus esfuerzos para tomar el Estado por medio de las armas.

En la Universidad, el rector Saúl Osorio Paz, después de los ataques a sus colegas y amenazas contra su persona, empezó a vivir en la rectoría, protegido por brigadas estudiantiles del partido FRENTE. En un caso sin precedentes, el rector dirigió la Universidad desde la clandestinidad por casi dos años, al extremo de ser obligado a salir del país (Aguilera Peralta 1982: 20).

El efecto de la represión estatal y paraestatal era peor en el movimiento estudiantil: la AEU terminó diezmada. Del muy activo secretariado de 1978-79, sus máximos dirigentes, Oliverio Castañeda y Antonio Ciani, habían sido asesinados o desaparecidos. Otros destacados líderes, como Iván Alfonso Bravo Soto, de Medicina, y Julio César Cabrera y Cabrera, de Derecho, fueron señalados por el Estado y posteriormente eliminados. Otros dirigentes del FRENTE, bajo amenaza, salieron del país durante un tiempo prudencial, mientras que el resto se escondió en la capital. A pesar de todo esto, la AEU continuó siendo una organización beligerante durante esta campaña de terror. Para protegerse, la AEU reestructuró su forma organizativa y para que sus dirigentes no fueran tan vulnerables, se abstuvo de revelar los nombres de éstos.

En enero de 1979, llegó a la Universidad una nueva generación de estudiantes de primer ingreso. Muchos de ellos habían sido miembros de la CEEM o las asociaciones estudiantiles en los institutos del Estado y habían participado en las jornadas de octubre de 1978. Fueron ellos quienes ocuparon el liderazgo de la AEU. Pero fue más difícil reemplazar a los docentes caídos o en el exilio.

Lejos de replegarse, la administración universitaria siguió en su militancia. Casi todo el contenido de su órgano oficial, Siete Días en la USAC, fue una constante crítica a un gobierno calificado de "antipopular", "proimperialista" y hasta "fascista". Esta posición fue, a la vez, efecto de la violencia contra la Universidad y provocadora de más represión.

El gobierno fue atemorizado por la unidad y beligerancia de la organización popular. Además, la inteligencia militar estaba bien enterada de la presencia de cuadros guerrilleros en el movimiento de masas: en los sindicatos, en los barrios populares y en diversas facultades de la Universidad de San Carlos. Esto sirvió al gobierno para justificar el terror, no sólo contra los insurgentes, sino en contra del movimiento legal.

Pero la neutralización del movimiento no sería fácil. En 1979 existía un amplio y bien organizado movimiento en contra del gobierno, capaz de movilizar grandes cantidades de personas en manifestaciones (principalmente sepelios), aunque las protestas masivas eran entonces muy difíciles de realizarse. La existencia de este movimiento, y sus logros en 1977 y 1978, habían aumentado las expectativas del pueblo por un cambio en el país. Cuando los espacios políticos fueron cerrados, una buena parte del movimiento actuó en la clandestinidad, para salvarse y seguir la lucha de una forma más adecuada a las condiciones (CITGUA 1989: 6).

No fue una decisión desesperada. La coyuntura centroamericana en 1979 estaba marcada por la creciente radicalización de los movimientos de masas. En Nicaragua, el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista, victoria que en Guatemala se convirtió en una muestra de la viabilidad de la lucha armada. Para los universitarios guatemaltecos, Nicaragua era un ejemplo del importante papel de los estudiantes, profesores y demás intelectuales en una revolución popular. En El Salvador, por aparte, se vivía también una efervescencia que estallaría en la lucha armada. Parecía que el tiempo para actuar había llegado.

Sin embargo, los miembros del movimiento popular no estaban preparados para enfrentarse al Estado por la vía violenta. La organización militar se formaba lentamente y la organización de masas estaba rezagada en el terreno de la autodefensa. Según Wilson Romero, entonces estudiante de Ciencias Económicas y miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, pocos militantes previeron la disposición del gobierno de aniquilar el movimiento. "Se desestimó la capacidad terrorista del Estado. No se percibió la magnitud del enemigo. Mucha gente sobrevaloró el momento" (entrevista).

Guatemala Memoria del Silencio: Caso Ilustrativo 65

 

Anexo I: Volumen 1

CASO ILUSTRATIVO No. 65

EJECUCIONES ARBITRARIAS DE ALBERTO FUENTES

MOHR Y MANUEL COLOM ARGUETA

"Dejo constancia histórica de los planes del gobierno para eliminar a mi persona físicamente (...) Como las próximas elecciones representan un desafío entre la arbitrariedad, la violencia organizada y todo el proceder fascistoide del actual Gobierno y el enfrentamiento que le hace el pueblo, el resultado puede implicar la pérdida del poder de hombres millonarios (...), que son los verdaderos directores de la política gubernamental. Ello los precipita y están dispuestos en primer lugar, a crear desórdenes, a eliminar a quienes consideran los líderes de la oposición (...) Este documento se debe dar a publicidad al suceder los hechos. Mi condición de Alcalde me obliga a desafiar la represión y por ello dejo constancia de mi puño y letra".1 

I.   Antecedentes

Dos meses separan los asesinatos de estos dos intelectuales y políticos guatemaltecos, de reconocida trayectoria en la vida pública y probada rectitud.

Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta tuvieron mucho en común. La labor política ocupó gran parte del quehacer de sus vidas y constituyó, en ambos casos, un ejemplo de práctica democrática: propugnaron el debate de las ideas, la construcción de partidos políticos, la tolerancia con el adversario y la búsqueda del consenso.

II.   La ejecución de Alberto Fuentes Mohr

La vida política del doctor en Economía, Alberto Fuentes Mohr, transitó por el camino de la izquierda centrista y su bandera fue la de las reformas.

Fue militante del Partido Revolucionario y durante la administración de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) ejerció el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público y, más tarde, el de Relaciones Exteriores. Durante su gestión como ministro de Hacienda, impulsó una reforma tributaria que desató la firme oposición del sector económico más poderoso del país. Finalmente, fue separado de su cargo.

     En este período, el 27 de febrero de 1970, durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores y ante la proximidad de las elecciones presidenciales fue secuestrado por un comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La acción tuvo como propósito exigir, a cambio de la liberación del canciller, la puesta en libertad de un militante de la organización guerrillera, Vicente Girón Calvillo, quien había sido capturado por la Policía Judicial y cuyo paradero se desconocía. La exigencia de las FAR fue cumplida y Alberto Fuentes recuperó su libertad.

     En 1970, a pesar del llamado que hiciera a los partidos políticos el nuevo presidente, general Carlos Manuel Arana Osorio, para que se reorganizaran y así iniciar un proceso de apertura política en el país, integrantes del Partido Revolucionario fueron víctimas de persecución. En noviembre de 1970 Alberto Fuentes Mohr fue detenido y acusado de realizar acciones insurgentes. Permaneció en prisión durante cinco días y al ser liberado partió al exilio. Residió algunos años en Costa Rica, donde se dedicó a la docencia, impartiendo la cátedra de Economía en la Universidad Nacional.

En 1974 regresó a Guatemala y fue candidato a vicepresidente de la República junto a Efraín Ríos Montt, apoyado por el Frente Nacional de Oposición integrado por la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario Auténtico y el Frente Unido de la Revolución.

Esta fórmula presidencial, que encabezaba un militar secundado por Fuentes Mohr, quien regresaba del exilio y tenía un claro pensamiento de centro izquierda, se explica desde el punto de vista de este último sector político, porque la única alternativa que vislumbraba para acceder al poder consistía en postular a un miembro del Ejército como candidato a la presidencia,

     "Nosotros mismos en el Frente Nacional de Oposición, entendimos que aun ganando la elección, no podríamos llegar al poder si no era con un candidato militar y de esa cuenta fue que se postuló al general Ríos Montt, convencidos de que un militar tal vez podría hacer valer su triunfo, pero un civil no lo podría lograr".2 

     En elecciones de segundo grado el Congreso de la República eligió presidente de la República al ex ministro de la Defensa Nacional, Kjell Laugerud, candidato por el Partido Institucional Democrático (PID) en alianza con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y a quien se había dado como ganador, por mayoría relativa, en marzo. Los partidos políticos de oposición alegaron fraude en esas elecciones.

     En 1979 Alberto Fuentes Mohr ocupaba un escaño en el Congreso, como diputado por el departamento de Quetzaltenango. Había ganado esa elección postulado por el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido Democracia Cristiana. Al mismo tiempo se entregaba a la tarea de construir una nueva fuerza política, el Partido Socialista Democrático (PSD), con la pretensión de afiliarse a la Internacional Socialista. Además, proyectaba integrar a su partido en el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) que se constituyó el 24 de febrero de 1979.

El carácter multisectorial del FDCR permitió que en él confluyeran tendencias de diversos signos, entre ellos el PSD y el Frente Unido de la Revolución (FUR) liderado por Manuel Colom Argueta.

     Sin embargo, para otros grupos de centro el nacimiento del FDCR significó la creación de una instancia legal donde podrían tener cabida grupos insurgentes y, a su vez, la Inteligencia militar lo consideró como un avance de la guerrilla en el plano político. De este modo, Fuentes Mohr y Colom Argueta podrían ser identificados como los artífices de un vínculo orgánico con los sectores que propugnaban la lucha armada.

     El proyecto del FDCR no prosperó. La situación polarizada y la política represiva inhibieron el desarrollo de una instancia pública que hubiese aglutinado incluso a sectores que se adherían a la lucha armada.3 

     Coincidiendo con lo planteado por el Gobierno de Arana en 1970, el de Lucas García, quien inicia su período presidencial en 1978, prometió una apertura democrática y, para sustentarla, impulsó un proceso de diálogo con los partidos políticos, ofreciendo la posibilidad de que los registros electorales se amplíen para lograr la inscripción de nuevos partidos. "Había un proceso político tendiente a que se rompiera el monopolio de partidos políticos y se crearan nuevos partidos".4 

El Gobierno de Lucas García encomendó al vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, que iniciara conversaciones con el sector de centro, en concreto con Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, para proceder a la inscripción del PSD y del FUR, respectivamente.

No obstante, esta iniciativa gubernamental no era respaldada por sectores del Ejército que no querían perder su influencia política, y que desde 1970 se manifestaba, por ejemplo, en que los altos mandos decidían, junto a sectores financieros de gran influencia, quién habría de ser el futuro candidato presidencial.

     El largo proceso de inscripción del PSD culminó el 26 de enero de 1979. Sin embargo, un día antes, Alberto Fuentes Mohr fue asesinado.

Los hechos

El 25 de enero de 1979, hacia la una y media de la tarde, después de haber participado en una sesión ordinaria del Congreso, Alberto Fuentes Mohr se dirigía en su automóvil hacia la casa del vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, ubicada en la zona 14 de la capital, donde sostendrían una reunión junto al secretario adjunto de la OEA, licenciado Jorge Luis Zelaya Coronado.

     Se trataba de una reunión rutinaria con un representante del Gobierno, para discutir sobre el contexto político en general. "Era para discutir algunas de las actividades vinculadas con la visita previa de Alberto a Washington, donde él había tenido una serie de reuniones, precisamente advirtiendo sobre la polarización que se estaba dando en Guatemala".5 

     El vehículo conducido por Fuentes Mohr avanzaba sobre la avenida La Reforma en dirección norte-sur cuando, al llegar a la intersección de esa avenida con la 1a. calle, a pocos metros de la antigua Escuela Politécnica, fue interceptado.

     Desde un vehículo y dos motocicletas se abrió fuego cruzado y cerrado. La víctima cayó acribillada. La necropsia reportó un total de veintitrés impactos de bala en su cuerpo, correspondientes a armas de fuego de munición calibre 45.

     Fuentes periodísticas, sobre la base de testimonios recibidos in situ, aseguraron que el ataque tardó treinta segundos y que, después, los autores se dieron a la fuga tomando distintas direcciones a bordo de los vehículos que tripulaban.6 

Junto al vehículo conducido por Fuentes Mohr, circulaba un automóvil marca Toyota tripulado por Ana María Méndez de Rodríguez, quien también fue alcanzada por dos impactos de bala y resultó herida en el cuello.

     El Organismo Judicial ordenó instruir la correspondiente investigación sumaria de los hechos. Sin embargo, ésta concluyó sólo trece días después, sin resultado alguno. Igual que en otros casos similares, la última diligencia efectuada en el proceso consistió en la devolución del vehículo en que se movilizaba la víctima.7  No constan más diligencias y el expediente fue archivado.

     Existen dos partes policiales: uno procedía del Tercer Cuerpo de la Policía Nacional y otro de la Sección de Detectives de la misma Policía, los cuales no sólo no guardan armonía entre sí, sino que son claramente contradictorios, resaltando una evidente ligereza en el registro de la información.8 

III. La ejecución de Manuel Colom Argueta

     Durante sus estudios de secundaria y más tarde en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manuel Colom Argueta ocupó cargos de dirigente estudiantil. Sus contemporáneos le recuerdan como un líder natural, un demócrata incansable. "Manuel Colom era efectivamente el gran líder nacional del país. Creo que eso nadie lo cuestiona y sin duda era el candidato ganador en cualquier elección que se pudiera prever".9 

En 1954 cuando el movimiento de la liberación derroca al presidente Jacobo Arbenz y pone en su lugar a Castillo Armas, Colom Argueta, siendo todavía un estudiante, junto a otros jóvenes y muchos profesionales, se declaró públicamente opositor al nuevo régimen.

     Fue fundador del Partido Revolucionario a finales de los años cincuenta, del cual salió más tarde por desaveniencias con Mario Méndez Montenegro. Luego fundó la Unidad Revolucionaria Democrática (URD), con el respaldo de varios compañeros de generación.

Fue miembro del Consejo Superior Universitario de la USAC durante el período 1967-1969, en representación del Colegio de Abogados.

Para las elecciones de 1970 la URD no logró ser reconocida como partido político, por lo que en calidad de Comité Cívico postuló la candidatura de Manuel Colom Argueta para ocupar la Alcaldía de la ciudad de Guatemala, ganando las elecciones.

Durante su mandato como alcalde, 1970-1974, alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño y la simpatía de la población.

     Ya en esa época fue víctima de amenazas y hostigamientos. Ocupando aún el puesto de alcalde, escribió una carta de su puño y letra en que denunció la existencia de un plan gubernamental para darle muerte.

     La afirmación de Colom Argueta en el citado documento concuerda con la información contenida en documentos desclasificados de la CIA. En marzo de 1979 uno de estos informes señala:

     "Es de opinión de los oficiales que Colom debería haber sido asesinado durante el período 1970-1974, cuando él era Alcalde de la ciudad de Guatemala o en su defecto a la salida de este cargo. En ese momento había un plan para matar a Colom... Había pruebas que Colom, el Alcalde de la ciudad de Guatemala, era 'la cabeza clandestina intelectual' de la izquierda radical, en ese entonces comprometida en la guerra de guerrillas urbana".10 

Su asesinato se planificó en distintos períodos de Gobierno:

     "Durante el período presidencial de Ydígoras Fuentes fue enviado prisionero a El Salvador. Luego, durante el gobierno de Laugerud, sufrió un atentado cuya ejecución se le adjudica a [un oficial del Ejército del Guatemala]. En esta oportunidad resultó herido en un brazo y arrastrándose varias cuadras llegó al cuerpo voluntario de bomberos".11 

Al igual que Alberto Fuentes, Manuel Colom atendió el llamado de Lucas García para inscribir al Frente Unido de la Revolución (FUR) como partido político.

Desde hacía años venía intentando inscribir su partido, primero como Unidad Revolucionaria Democrática (URD), después como Frente de Unidad Revolucionaria Democrática (FURD) y por último como Frente Unido de la Revolución (FUR).

También formó parte del Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) junto a Fuentes Mohr.

En su última entrevista, Manuel Colom declaró:

     "En este momento, cuando reconocen mi partido, lo difícil es lograr que no me maten, ya que las técnicas de la ultraderecha para sostenerse en el poder han cambiado (...) En la actualidad la derecha ha enarbolado la bandera del crimen, jugando al asesinato político".12 

Sin embargo, Manuel Colom, a pesar de las amenazas y de conocer los planes gubernamentales para asesinarle continuó con su trabajo.

     "No podía detenerse, hay tanto que hacer en nuestro país que un minuto que no se produce, es un momento perdido, cada momento perdido será reclamado por la Historia, por las nuevas generaciones, por ese mundo crítico del futuro".13 

     Tras el asesinato de Alberto Fuentes Mohr y después que el 15 de marzo de 1979 el FUR quedara inscrito como partido político, muchos de sus correligionarios, amigos y familiares señalaron a Colom la necesidad de que saliera del país. Pro él permaneció en Guatemala.

     Una de las razones para que tomara esta decisión pudo ser una supuesta promesa que recibió del presidente Lucas García, quien se habría comprometido a garantizar la inscripción de su partido, el FUR, así como la posterior candidatura presidencial de Colom. Un documento desclasificado de la CIA afirma que "el presidente prometió a Colom su protección al partido FUR, asegurando que sería garantizada la sobrevivencia como partido político con posibilidades de participar en la vida política del país bajo la administración de Lucas y en la campaña que vendría en 1982".14 

Los hechos

El 22 de marzo de 1979, desde temprano, fueron vistos agentes de seguridad en los lugares que Colom Argueta frecuentaba y en las cercanías de su bufete profesional.

     La víctima salió de su oficina, ubicada a poca distancia de la embajada de Estados Unidos, en la 6¦ calle, 7-55 de la zona 9, con rumbo a la Universidad de San Carlos. Conducía su vehículo marca Toyota color rojo y era escoltado por un Mercedes Benz color azul, en el que viajaban sus dos guardaespaldas, Héctor Barillas Zelada e Hilario Hernández Quiñonez.

     Aproximadamente a las once de la mañana el automóvil Mercedes Benz fue atacado por los ocupantes de otro vehículo de color verde y blanco, quienes comenzaron a disparar. Posteriormente, se agregó otro automóvil color negro; los dos eran de fabricación americana.15 

     Los guardaespaldas de Colom Argueta fueron alcanzados por una decena de proyectiles cada uno. Todos los disparos fueron dirigidos hacia la cabeza. En los informes forenses se concluye que la muerte de ambos fue ocasionada por las "heridas penetrantes en el cráneo producidas por arma de fuego".16  A consecuencia del ataque, el vehículo Mercedes Benz tripulado por los escoltas se estrelló contra una casa.

Eliminados los guardaespaldas, un automóvil de color rojo y dos motocicletas comenzaron la persecución de Colom Argueta, quien intentó huir del lugar donde se había producido el tiroteo, para ser interceptado a la altura de la 3¦ avenida y 5¦ calle de la zona 9, donde fue ametrallado.

     Informaciones vertidas por testigos presenciales y recogidas por familiares de la víctima, señalaron que desde el vehículo de color rojo fueron disparadas varias ráfagas sobre el lado derecho del automóvil, mientras que, por el lado izquierdo, Colom fue atacado por los ocupantes de una de las motocicletas, de la cual descendió un sujeto joven y corpulento portando una subametralladora, quien remató a la víctima.17 

Ejecutada la acción, los autores huyeron rápidamente por las calles próximas, en los mismos vehículos utilizados en el ataque.

     Manuel Colom recibió el impacto de 24 proyectiles calibre 45 milímetros. La mayor parte de las heridas de bala se concentró en el cráneo, la cara y el tórax.

IV. Después

Los familiares de Colom Argueta aseguraron que el operativo fue dirigido desde un helicóptero que sobrevolaba el área y que entre sus tripulantes se encontraba el general David Cancinos, jefe del Estado Mayor del Ejército.

Esta versión ha sido confirmada por la CEH mediante las declaraciones ofrecidas por un testigo, quien asegura lo siguiente:

     "David Cancinos, personalmente, desde un helicóptero supervisó el operativo que se había planificado en una forma de círculos concéntricos; si salía del primer círculo del operativo, le esperaban en un segundo y así. Efectivamente no lo lograron en el primer punto, sino en un siguiente círculo del operativo".18 

     En este mismo sentido, miembros de la comunidad empresarial, al reaccionar ante la ejecución de Colom Argueta, indicaron al personal de la embajada de Estados Unidos: "Era comunista y se lo merecía; su muerte [de Manuel] fue el trabajo del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Cancinos, quien busca allanar el camino para ser candidato presidencial en 1982; y que Colom tenía que ser eliminado eventualmente, pero ¨por qué tan temprano?".19 

El general Cancinos fue asesinado poco tiempo después, atribuyéndose la acción el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización que confirmó la versión del involucramiento de dicho oficial en la ejecución de Colom Argueta:

     "Teníamos compañeros que trabajaban en el Gobierno en diferentes ministerios, incluido Gobernación. Obteníamos permanentemente información desde allí y por eso obtuvimos información cercana a Cancinos, quien andaba dirigiendo la operación del asesinato de Manuel Colom Argueta desde un helicóptero, con al menos otros dos jefes".20 

Los gobiernos europeos y latinoamericanos reaccionaron, pronunciándose contra las ejecuciones arbitrarias de Fuentes Mohr y Colom Argueta, y haciendo un llamamiento para esclarecer los hechos mediante una investigación judicial que, en definitiva, no prosperó.

     El 24 de abril de 1979, treinta días después de la ejecución de Manuel Colom, sus familiares directos publicaron un campo pagado en el que denunciaban las amenazas que existían sobre el líder del FUR antes de su ejecución.21  A la vez, responsabilizaron al Gobierno y a las autoridades civiles y militares de su asesinato, señalando sobre todo al primero, por no realizar una investigación en torno al caso.

     La inserción en la Prensa escrita se tituló "No puede descubrir quien encubre" y apareció en varios periódicos, lo que provocó que la familia fuese víctima de una persecución judicial por parte del Gobierno. El 13 de junio del mismo año se dio inicio, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia, al proceso originado por una querella presentada por el Ministerio Público, por el delito de desacato.22 

     Fueron citados a declarar los hermanos de la víctima, Guillermo y Luisa (Lulú) Colom Argueta, a quienes luego de prestar su declaración indagatoria -en la que ratificaron los términos de la publicación pagada en los medios de Prensa-, se les motivó auto de prisión. Asimismo, fue citado al tribunal el director de dos diarios en los que se publicó el campo pagado.

De esta manera se inició un largo y engorroso procedimiento judicial en contra de la familia Colom.

     Pero el acoso no se limitó a la persecución penal. Guillermo Colom recibió por vía telefónica múltiples amenazas de muerte y solicitó asilo en la sede de la embajada de Venezuela en Guatemala, después de sufrir un infarto.23 

Los hermanos Gustavo y Guillermo Colom emprendieron la vía del exilio, en tanto que Lulú permaneció en el país un tiempo más.

Uno de los abogados de la familia, Abel Lemus, fue asesinado.

     En el proceso penal por desacato no se dictó resolución alguna que pusiera término al mismo, ya fuera desestimando la acción, por no ser constitutiva de delito, ni dictando una sentencia condenatoria.24 

     Por otro lado, del mismo modo que en el proceso por la muerte de Fuentes Mohr, la última diligencia en el proceso para investigar el asesinato de Colom Argueta y sus dos guardaespaldas, con fecha 25 de mayo de 1979, consiste en la entrega a su propietario del vehículo que manejaba la víctima.25  No constan más diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y el expediente fue archivado.

V. Conclusiones

     La CEH presume fundadamente que Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta fueron víctimas de la acción premeditada de agentes del Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento, constituyendo sus ejecuciones una violación a los derechos humanos. En el caso de la muerte de Colom Argueta, esta presunción afecta a autoridades del Ejército de Guatemala y específicamente del Estado Mayor del Ejército.

     Esta presunción se funda en el análisis de todos los antecedentes del caso. Entre estos antecedentes destacan: a) la calidad de las víctimas y las amenazas y amedrentamientos de que fueron objeto con antelación a sus ejecuciones; b) los procedimientos empleados por los autores de los crímenes, que evidencian la actuación de grupos con un alto autocontrol y poder de fuego, que actúan a plena luz del día en sectores de asiduo tráfico, cerca de la antigua Escuela Politécnica del Ejército -en el caso de Fuentes Mohr- e incluso con apoyo aéreo, en el caso de Manuel Colom; c) las armas utilizadas; y d) documentación desclasificada de la CIA, en la que se asevera que, "el asesinato de Manuel Colom Argueta, ex alcalde de la ciudad de Guatemala y líder del FUR el 22 de marzo de 1979 y de Alberto Fuentes Mohr, anterior Ministro de Relaciones Exteriores y líder del grupo de social-democrátas el 25 de enero de 1979, también fueron el trabajo del "Comando Seis" llevado a cabo bajo la dirección del Gobierno".26 

Por otra parte, el férreo control que las fuerzas de seguridad del Gobierno ejercían sobre la población de la ciudad capital no permite concebir que hechos de esta naturaleza pudieran perpetrarse y mantenerse impunes, sin el conocimiento y tolerancia del Estado.

     Además, la CEH se formó la convicción de que, en estos casos, las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia, en particular los órganos jurisdiccionales, que no cumplieron efectivamente su función y facilitaron con ello la impunidad. Esta violación de derechos que afectó al conjunto de la sociedad y a los familiares de las víctimas se vio agravada por la inicua persecución judicial emprendida contra la familia Colom.

Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la función estatal de investigar, cuando los recursos de que el Estado dispone para ejercerla no se destinan a su propia finalidad, que es la persecución del delito, sino al encubrimiento sistemático de los autores de graves crímenes y violaciones de derechos humanos.

     La CEH considera que los asesinatos de los señores Fuentes Mohr y Colom Argueta son prototípicos de otros casos análogos, que consistieron en la represión estatal clandestina de carácter selectivo, utilizando métodos criminales, contra opositores políticos. El fundamento de esta persecución fue la identificación que se hacía de los opositores con la insurgencia, sobre la base de la extensión impropia que, del concepto de enemigo, contemplaba la denominada doctrina de la seguridad nacional. La garantía de impunidad que, de hecho, el Estado otorgaba a los autores de estos crímenes, fomentó su proliferación.

El caso ilustra, también, la forma en que los sectores que ejercían el poder, cerraban las puertas del acceso democrático al Gobierno de líderes opositores, contribuyendo así a la prolongación del enfrentamiento armado interno.

Listado de Víctimas

Ejecución arbitraria

Alberto Fuentes Mohr

Manuel Colom Argueta

Hector Barillas Zelada

Hilario Hernández Quiñonez

 

Herido en Atentado

Ana María Méndez de Rodríguez

Candida González Fajardo

 

1  Carta de puño y letra de Manuel Colom Argueta, firmada por él, 2 de marzo de 1974. Regrese al Texto

2  Testigo directo (ex militante del PR) CEH. Regrese al Texto

3  Testigo directo CEH. "El FDCR nace queriendo ser público pero no pudo nunca ser público porque fue tal la escalada represiva que se viene que es imposible ya hacerlo público. Incluso los formadores del frente al final nos vamos al exilio casi todos porque no resistíamos, no estábamos preparados para esto". Regrese al Texto

4  Testigo directo (ex vicepresidente de la República) CEH. Regrese al Texto

5  Ibidem. Regrese al Texto

6  Diario El Gráfico, 26 de enero de 1979. Regrese al Texto

7  CI 28. 1977. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

8  A modo de ejemplo: El parte emanado de la Policía Nacional informa que en el carro de Alberto Fuentes se encontraron boletines titulados "Socialista Democrático" mientras que el informe de la Sección de Detectives informa del hallazgo de boletines titulados "Revolucionario Democrático". Regrese al Texto

9  Testigo de referencia CEH. Regrese al Texto

10  CIA, Informe a Departamento de Estado, 5 de marzo de 1979, Pq. 12-25. Regrese al Texto

11  "Síntesis del caso Colom Argueta", documento elaborado por familiares de la víctima. Regrese al Texto

12  Latin American Political Report, 19 de marzo de 1979, Manuel Colom Argueta, su última entrevista. Regrese al Texto

13  "Ametrallan al profesor de la USAC y líder político", en Revista Voz Universitaria, pg. 38. Regrese al Texto

14  CIA, Informe a Departamento de Estado, 29 de marzo de 1979, Pq. 12-23. Embajada de EE UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, 19 de marzo de 1979, Pq. 3-40. "La relación con Colom empezó antes de las elecciones, dijo Villagrán, cuando un pacto había sido arreglado entre Lucas, Alejandro Maldonado y Colom con la aprobación de partidos pro gobierno y grupos de interés sectoriales. Inicialmente el pacto fue oral y cubrió cuatro puntos: el registro de partidos adicionales, el Gobierno toleraría las organizaciones de sindicatos y la negociación colectiva y que Lucas García no pondría obstáculos a la elección de un gobierno civil". Regrese al Texto

15  "Ametrallan al profesor de la USAC y líder político", Revista Voz Universitaria, pg. 38. Regrese al Texto

16  Informe forense que consta en el expediente judicial. Regrese al Texto

17  "Síntesis del caso Colom Argueta", documento elaborado por familiares de la víctima. Regrese al Texto

18  Testigo de referencia CEH. Regrese al Texto

19  Embajada de EE UU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado, 27 de marzo de 1979, Pq. 1-62. Regrese al Texto

20  Entrevista de la CEH con miembros de la dirección del EGP. Regrese al Texto

21  El texto expresa en su segundo párrafo: "Unos días antes del asesinato un oficial del Ejército, completamente uniformado y con escolta militar, procedió a fotografiar a las personas y a los vehículos que se encontraban en ese momento frente a las oficinas de Manuel y áreas circunvecinas, hecho palpablemente intimidatorio que él mismo puso en conocimiento del secretario privado de la presidencia, quien inmediatamente y a su vez, lo puso en contacto por la misma línea telefónica con un oficial de apellido Montalván, el cual le dio excusas por tal procedimiento y le indicó que podía estar tranquilo". Lo anterior coincide con la información contenida en un documento desclasificado: Embajada de EE UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, 19 de marzo de 1979, Pq. 3-40. Villagrán Kramer (...) relató que "se le acercó el coronel Ricardo Méndez Ruiz y le advirtió que Colom Argueta iba a ser asesinado (...) que ya había advertido a su amigo Colom Argueta (...) Méndez estaba molesto con la idea que el general Cancinos se vuelva Ministro de la Defensa. Le dijo a Villagrán que Cancinos bloquearía la carrera de cualquiera que no fuera personalmente leal a él". Regrese al Texto

22  El Ministerio Público argumentó que "este delito tiene como fin primordial, mantener el principio de respeto a la autoridad fuera de que, por supuesto, involucra una franca y abierta falta de respeto a la autoridad y consecuentemente pone en peligro el mantenimiento de la institucionalidad y estabilidad del Estado legalmente constituido". Expediente judicial 1475-79, Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal. Regrese al Texto

23  "Síntesis del caso Colom Argueta", documento elaborado por familiares de la víctima. Regrese al Texto

24  La última resolución de fecha 23 de agosto de 1979, ordena suspender la tramitación del proceso, en tanto el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se pronuncie respecto a una resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones en la que se inhibe de conocer un recurso, alegando incompetencia. En el expediente no consta ninguna diligencia posterior a ésta. Regrese al Texto

25  CI 28. CI 65. En ambos, la última diligencia judicial practicada fue la devolución de vehículos. Regrese al Texto

26  CIA, Informe a Departamento de Estado, Marzo-Abril, 1980, Pq. 12-35. 1 67 Regrese al Texto

 

 


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